"Si Chile Fue La Cuna Del Neoliberalismo, También Será Su Tumba".
La famosa frase del presidente Gabriel Boric se remonta al cierre de su campaña presidencial en diciembre de 2021, cuando pronunció una sentencia que quedó marcada en el debate político chileno: "Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba".
Esta declaración no era un dicho al azar; respondía a un diagnóstico profundo de la izquierda chilena y del movimiento social que lo llevó al poder. Los argumentos centrales que explican el porqué de esta postura se resumen en tres puntos clave:
1. El fin del "Estado Subsidiario"
Para el bloque de Boric, el modelo neoliberal chileno consolidó un Estado subsidiario (un modelo donde el Estado solo interviene si los privados no pueden o no quieren hacerlo). En la práctica, esto derivó en la privatización y mercantilización de derechos sociales fundamentales como la salud, las pensiones (a través de las AFP), la educación y el agua. Su objetivo explícito era transitar hacia un Estado Social y Democrático de Derechos, similar al modelo de bienestar europeo, donde estas áreas estén garantizadas por el sector público y no dependan de la capacidad de pago de cada ciudadano.
2. El diagnóstico del Estallido Social de 2019
El mandatario interpretó que las masivas protestas de 2019 no eran simples desórdenes o descontentos aislados, sino el síntoma de un agotamiento estructural del modelo económico. Aunque reconocía que Chile había crecido macroeconómicamente en las últimas décadas, sostenía que ese crecimiento generó niveles de desigualdad intolerables y una profunda vulnerabilidad para la clase media y los sectores populares. Enterrar el neoliberalismo significaba, bajo esta mirada, solucionar la raíz de la crisis social.
3. La desconcentración del poder y la matriz productiva
Desde la perspectiva de su programa de gobierno, el neoliberalismo chileno propició una alta concentración de la riqueza en pocos grupos económicos y una economía excesivamente dependiente de la extracción de materias primas (como el cobre). Su discurso apuntaba a diversificar la economía, dar mayor peso a las regiones y aplicar reformas tributarias para que las rentas más altas financiaran de forma permanente la red de protección social.
La realidad del mandato: Una cosa es el discurso de campaña y otra la gestión gubernamental. Con el paso del tiempo, el rechazo a las propuestas constitucionales de 2022 y la falta de mayorías legislativas en el Congreso obligaron al gobierno de Boric a moderar su agenda original, teniendo que negociar y mantener gran parte del andamiaje macroeconómico y de responsabilidad fiscal tradicional del país.
La Constitución 1980/2005
La vigencia de la Constitución firmada por el presidente Ricardo Lagos en 2005, tras los dos intentos fallidos de reemplazo constitucional (en los plebiscitos de 2022 y 2023), es uno de los fenómenos políticos más interesantes del Chile contemporáneo. El hecho de que la institucionalidad chilena siga rigiéndose por este texto combina razones de legitimidad técnica con profundos bloqueos políticos.
Las razones principales que explican por qué sigue vigente y por qué la clase política tuvo que aceptar este resultado institucional se resumen en los siguientes puntos:
1. El veredicto de las urnas y el cansancio ciudadano
Tras el estallido social de 2019, la sociedad chilena abrió una ruta institucional para redactar un nuevo texto. Sin embargo, las dos propuestas presentadas a la ciudadanía fueron rechazadas de manera categórica en plebiscitos con voto obligatorio:
4 de septiembre de 2022: El proyecto de la Convención Constitucional (de izquierda) fue rechazado por el 62% de los votos.
17 de diciembre de 2023: El proyecto del Consejo Constitucional (con mayoría de derecha) fue rechazado por el 55% de los votos.
Al no aprobarse ninguna de las alternativas, la legislación chilena establecía automáticamente que se mantenía vigente la Constitución actual. Tras cuatro años de intensa incertidumbre económica y política, se produjo un agotamiento en la ciudadanía, cerrando el espacio para un "tercer intento".
2. El "Test Democrático" de las reformas de 2005
Aunque el texto original nació en 1980 bajo el régimen militar, la gran reforma de 2005 liderada por Ricardo Lagos modificó 58 artículos clave. Se eliminaron los llamados "enclaves autoritarios": se quitaron los senadores designados y vitalicios, se le restaron las funciones políticas de tutela a las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) dejó de ser un organismo vinculante para pasar a ser asesor.
Por esta razón, en 2005 el propio Lagos la promulgó como una "Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile", estampando su firma en el documento oficial en reemplazo de la de Augusto Pinochet. Al fracasar las propuestas refundacionales, amplios sectores de la centroizquierda y la centroderecha volvieron a valorar este texto como un suelo institucional compartido y estable.
3. La falta de mayorías para reformas estructurales
Para que una constitución cambie o sufra modificaciones profundas a través del Congreso, se requieren quórums parlamentarios muy exigentes. La actual composición del Poder Legislativo chileno está fuertemente fragmentada y empatada entre bloques de oposición y gobierno. Al no existir una mayoría nítida con una visión unificada de país, el diseño de 2005 opera por defecto: ante la falta de consenso para cambiar las reglas del juego, las reglas vigentes persisten.
El resultado final obligó a figuras del oficialismo —incluyendo al propio presidente Gabriel Boric— a reconocer que la ciudadanía priorizó la estabilidad, la seguridad y las urgencias económicas por sobre el deseo de un cambio constitucional profundo, consolidando a la reforma de Lagos como el marco regulatorio del Chile actual.
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