Piñera No Disminuyo Los Impuestos.
Por que el presidente Piñera no disminuyo la tasa impositiva para incentivar la inversión?
Es una excelente pregunta. Desde una perspectiva de libre mercado o libertaria, la receta clásica para expandir la economía es bajar la tasa corporativa de impuestos para liberar capital, fomentar el ahorro y atraer inversionistas. Sin embargo, durante sus dos gobiernos, Sebastián Piñera no solo no bajó la tasa impositiva general a las empresas, sino que en su primer mandato la subió.
¿Por qué un presidente de centroderecha, empresario y promotor del crecimiento económico tomó este camino? La respuesta no se debe a una convicción ideológica de aumentar el tamaño del Estado, sino a restricciones de la realidad, crisis imprevistas y el diseño de la estrategia técnica que implementó.
Los factores principales que explican por qué no disminuyó las tasas se dividen en tres grandes momentos:
1. El terremoto de 2010 y el costo de la reconstrucción
Cuando Piñera asumió su primer mandato en marzo de 2010, el país acababa de sufrir el devastador terremoto y maremoto del 27 de febrero (27F). Los daños en infraestructura pública, viviendas, escuelas y hospitales fueron evaluados en cerca de 30 mil millones de dólares.
Para financiar la reconstrucción con responsabilidad fiscal y sin sobreendeudar al país, el gobierno implementó un plan de emergencia que incluyó una reforma tributaria transitoria. En lugar de bajar impuestos, subió temporalmente la tasa del impuesto de Primera Categoría (a las empresas) del 17% al 20%. Aunque la idea original era que volviera a bajar gradualmente, las presiones por mayor gasto social —como las masivas protestas estudiantiles de 2011— terminaron dejando esa tasa del 20% fija y permanente.
2. Segundo mandato (2018): Déficit fiscal heredado y minoría en el Congreso
Durante su campaña presidencial de 2017, Piñera prometió rebajar la tasa impositiva de las grandes empresas del 27% (nivel en el que la había dejado la reforma de Michelle Bachelet en 2014) al 25%, para hacerla converger con el promedio de los países de la OCDE.
Sin embargo, en su Cuenta Pública de junio de 2018, el presidente anunció oficialmente que renunciaba a bajar la tasa impositiva corporativa. Las razones combinaron dos muros infranqueables:
La realidad fiscal: El gobierno recibió las arcas fiscales con un déficit fiscal estructural más alto de lo esperado y una deuda pública creciente. Bajar la tasa implicaba una menor recaudación inmediata que el presupuesto no podía resistir si se querían financiar las pensiones y la salud.
Minoría parlamentaria: La centroderecha no tenía mayoría en el Congreso. La oposición (de izquierda y centroizquierda) bloqueó tajantemente cualquier intento de bajar el impuesto a las grandes empresas, calificándolo como un "perdonazo a los más ricos". Sin los votos, la rebaja de tasas era políticamente inviable.
3. La estrategia alternativa: "Incentivar la inversión sin tocar la tasa"
Al verse imposibilitado de bajar la tasa nominal del 27%, el equipo económico de Piñera (liderado por el ministro de Hacienda de la época) optó por una estrategia técnica diferente para cumplir con el objetivo de fomentar la inversión:
Depreciación instantánea y acelerada: En lugar de cobrar menos impuestos generales, la reforma de 2020 permitió que las empresas que invirtieran en maquinaria, tecnología o infraestructura pudieran descontar el 100% de ese gasto de forma inmediata de sus utilidades tributables. Técnicamente, esto reduce la base imponible y estimula la reinversión de capital de manera directa.
El intento de Reintegración del Sistema: El gran caballo de batalla de Piñera fue volver al "sistema integrado" (donde el impuesto pagado por la empresa sirve como crédito total para el impuesto personal de los dueños). Para los economistas del gobierno, el problema no era la tasa del 27% en sí, sino la "doble tributación" que generaba el sistema desintegrado de Bachelet, que ahuyentaba los capitales. Tras una durísima batalla legislativa, solo lograron mantener el sistema 100% integrado para las Pymes, mientras que las grandes empresas se quedaron en el sistema semi-integrado debido al posterior estallido social de 2019.
Al final, el pragmatismo político y las urgencias de la realidad (el terremoto de 2010, el déficit fiscal de 2018 y la crisis de 2019) prevalecieron sobre la teoría económica de su programa. Piñera tuvo que administrar el modelo heredado buscando incentivos indirectos a la inversión a través de resquicios técnicos, confirmando una vez más que, en la política chilena, los quórums del Congreso y las crisis de la realidad terminan diseñando la política tributaria por encima de las promesas de campaña.
se puede decir que la ciudadania se dejo encandilar por las promesas de mas bonos y subsidios
Ese es un punto central para comprender el debate político y sociológico del Chile de la última década. Desde una perspectiva de libre mercado o libertaria, la respuesta tiende a ser un rotundo sí: el aumento masivo de las expectativas de "gratuidad universal", bonos y subsidios estatales terminó distorsionando la percepción del costo de la vida y de dónde proviene realmente la riqueza de un país.
Sin embargo, si miramos el fenómeno con lupa, los analistas políticos y económicos suelen dividir este comportamiento de la ciudadanía en dos grandes interpretaciones que conviven simultáneamente:
1. La tesis del "encandilamiento" y la cultura del derecho sin deber
Esta postura coincide con tu apreciación. Sostiene que una parte importante de la población se volcó hacia el populismo económico bajo la promesa de que el Estado podía proveerlo todo a través de bonos, subsidios y derechos sociales "gratuitos" (salud, educación, pensiones), financiados únicamente con impuestos a los más ricos.
Bajo este enfoque, se generaron tres efectos nocivos:
La ilusión del "dinero gratis": Se instaló la idea de que los recursos estatales son infinitos y no dependen del crecimiento económico ni de la productividad, sino únicamente de la "voluntad política" del gobernante de turno.
El clientelismo político: Los sectores políticos más radicales utilizaron la oferta de transferencias directas como una herramienta de captura de votos, acostumbrando a la ciudadanía a evaluar la gestión de un gobierno en función de cuántos bonos entregaba.
La experiencia de la pandemia y los retiros: La masiva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, sobre todo, los retiros de los fondos de pensiones (las AFP) inyectaron una liquidez artificial gigantesca. Muchos ciudadanos experimentaron una falsa sensación de riqueza a corto plazo, la cual terminó pagándose caro poco después a través de una inflación histórica que encareció el costo de la vida diaria.
2. La tesis del pragmatismo por desprotección (La mirada sociológica)
Por otro lado, existe una corriente de analistas que matiza el concepto de "encandilamiento" y lo define más bien como un pragmatismo de supervivencia frente a una clase media muy vulnerable.
El argumento es que el rápido crecimiento de Chile en los 30 años anteriores generó millones de "nuevos profesionales" y microemprendedores que salieron de la pobreza, pero que vivían con un temor constante: el miedo a que una enfermedad catastrófica de un familiar, la vejez o la pérdida del empleo los hiciera caer de golpe a la pobreza otra vez, al no existir redes de protección mínimas eficientes.
Desde esta perspectiva:
La ciudadanía no buscaba un "Estado paternalista" por mera flojera, sino que demandaba un piso de certezas para poder emprender y competir en libertad sin el fantasma de la quiebra familiar.
Al no encontrar respuestas institucionales rápidas, terminaron siendo permeables a las promesas de bonos y subsidios de la izquierda más dura, tomándolos no por convicción ideológica, sino porque eran la única ayuda material inmediata disponible.
El "Despertar" del encandilamiento: El choque con la realidad
Lo más interesante de la historia reciente de Chile es que ese "encandilamiento" parece haber tenido un límite muy claro dictado por las leyes de la economía.
Cuando las promesas de bonos y la inyección artificial de dinero se tradujeron en delincuencia al alza, estancamiento del empleo formal, encarecimiento de los alimentos y dificultades para acceder al crédito hipotecario, la propia ciudadanía frenó el experimento. Los resultados electorales posteriores a 2021 (los plebiscitos constitucionales y las elecciones parlamentarias) demostraron que la población percibió que la inflación se estaba "comiendo" las promesas de bienestar y volvió a priorizar el orden, la estabilidad económica y la seguridad por sobre los discursos de subsidios universales.
Al final del día, la realidad económica terminó siendo la mejor escuela pedagógica, demostrando de forma empírica que el bienestar sostenible de las familias se construye con empleo, inversión y orden público, y nunca mediante decretos de gasto estatal.
Jose Luis Vasconcellos un verdadero y genuino patriota
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