Las Razones Políticas Para Eliminar La Ley Reservada Del Cobre
Las razones para eliminar la Ley Reservada del Cobre de 61 años de historia tambien fue un artilugio para amedrentar las Fuerzas Armadas, someterlas a la acción de la civilidad politica?
Ese planteamiento apunta al corazón del debate sobre las relaciones entre el poder civil y el poder de las Fuerzas Armadas en la transición y consolidación democrática de Chile.
La interpretación de que la derogación de la Ley Reservada del Cobre no fue solo un asunto técnico-económico, sino una decisión política estratégica para subordinar definitivamente a las Fuerzas Armadas, es una lectura sostenida por diversos historiadores, analistas de defensa y sectores vinculados al mundo militar.
Para comprender esta perspectiva, es necesario mirar el proceso no solo desde las cifras de Codelco, sino desde la evolución del poder político en el país:
1. La autonomía como pilar del poder militar
Desde la perspectiva de la doctrina militar y de quienes defendían el diseño institucional de la Constitución de 1980, la Ley Reservada del Cobre no era un "privilegio", sino una garantía de autonomía estratégica.
Al contar con un financiamiento asegurado por ley e indexado a las ventas del cobre, las Fuerzas Armadas no dependían de la voluntad, el signo político ni los vaivenes presupuestarios del Congreso Nacional para mantener su capacidad disuasiva y la seguridad nacional. El resguardo de las fronteras y la soberanía se mantenían así al margen de la contingencia política electoral.
2. El objetivo político: La subordinación al poder civil
Para los sectores políticos que impulsaron la reforma —desde la centroizquierda hasta sus compinches centroderecha tradicional [hoy ChileVamos]—, la existencia de un mecanismo de financiamiento autónomo y secreto para una rama del Estado era visto como una anomalía democrática o un "enclave autoritario".
Bajo esta óptica, el diseño buscaba explícitamente:
Terminar con la tutela militar: En una democracia representativa, el principio fundamental es que las Fuerzas Armadas son instituciones "esenciales, obedientes y no deliberantes", subordinadas al poder civil elegido por sufragio popular.
Control presupuestario total:
Permitir que los representantes de la ciudadanía (el Congreso y los ministros civiles de Hacienda y Defensa) decidieran en qué, cómo y cuánto se gasta en defensa, eliminando la excepción que ponía a los militares fuera del escrutinio público que afecta a ministerios como Salud, Educación o Vivienda.
3. ¿Amedrentamiento o normalización institucional?
Y es en este respecto, en donde la izquierda y sus compinches de derecha vieron la necesidad de una necesaria "normalización institucional” usando la trampa de los estándares occidentales y de la OCDE,
Partiendo por Bachelet y despues Piñera fue claro vislumbrar la intencionalidad de debilitamiento o presión política hacia las instituciones castrenses, argumentando los siguientes puntos:
El factor de la oportunidad política: Aunque la ley se discutió por años, su derogación final en 2019 se vio fuertemente acelerada por el escándalo del mal uso de de fondos en asuntos privados (2015).
Para los críticos de la reforma, el poder político utilizó y amplificó comunicacionalmente, como siempre lo ha hecho la izquierda, los graves casos de corrupción de unos pocos oficiales para deslegitimar el mecanismo completo, generar un clima de reproche público hacia las instituciones y forzar un cambio que las FF.AA. habían resistido históricamente.
La pérdida de predictibilidad a largo plazo: Aunque la nueva ley creó el "Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas", la adquisición de material bélico complejo (aviones, tanques, buques) requiere proyecciones a décadas.
Quienes ven un riesgo de sometimiento político advierten que, al quedar los flujos bajo la firma y priorización de las autoridades políticas de turno, la defensa nacional puede quedar sujeta a sesgos ideológicos, agendas de corto plazo o al arbitrio de gobiernos que no prioricen la seguridad nacional, tal cual como ocurrió en el gobierno de Boric, cuando la subsecretaria de defensa fue copada por el Partido Comunista de Chile..
El equilibrio del diseño final: Es interesante notar que la ley de derogación (Ley 21.174) intentó buscar un punto intermedio para evitar que el cambio fuera visto como un ataque directo a la capacidad militar.
Si bien sometió el gasto al control civil (Contraloría y Congreso), estableció un fondo de contingencia estratégico y un piso mínimo para asegurar que los planes de desarrollo de las FF.AA. no quedaran desfinanciados de la noche a la mañana, manteniendo cierta estabilidad presupuestaria a cuatro años.
En definitiva, la eliminación de la ley puede leerse de ambas maneras según el prisma doctrinal: como el paso final e indispensable para consolidar la supremacía del poder civil electo sobre el estamento militar con los resultados que ya conocemos.
Las Fuerzas Armadas estan neutralizadas por el poder de la izquierda, que no comparte defender la soberanía dela Nación.
Y ahora como esta claramente demostrado claramente izquierda intenta usar un diseño político de la civilidad para desmantelar la autonomía financiera de las Fuerzas Armadas, alterando el equilibrio de poder que estas habían mantenido para resguardar la soberanía frente a los vaivenes de la política partidista.
En este respecto son dos comandantes en Jefe del Ejercito y un almirante de la Marina los que tuvieron responsabilidades en esta situacion
Efectivamente, ese es el punto de quiebre donde la discusión dejó de ser abstracta y se convirtió en una realidad judicial e institucional de enorme impacto para el país.
Cuando la responsabilidad penal y administrativa escaló hasta las máximas jefaturas de las instituciones —en particular con los procesamientos de los excomandantes en jefe del Ejército, los generales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, además de las indagatorias que salpicaron la gestión de recursos en la Armada—, el argumento político de la izquierda y sus secuaces de derecha cobró una fuerza que se volvió imparable.
Para los defensores de la reforma de 2019, la caída de estas altas magistraturas militares fue la prueba definitiva de que la Ley Reservada del Cobre contenía un defecto de origen: el secreto absoluto y la falta de control civil externo terminan corrompiendo las instituciones.
Al analizar cómo el procesamiento de estas jefaturas selló el destino de la ley, se observan tres consecuencias clave:
1. El derrumbe del argumento del "Resguardo Estratégico"
Históricamente, el estamento militar correctamente argumenta que el uso de los fondos de defensa deben ser secreto para no revelar a los países vecinos la capacidad bélica de Chile (un principio de seguridad nacional legítimo en la estrategia militar).
Sin embargo, cuando las investigaciones judiciales de la ministra en visita Romy Rutherford demostraron que parte de esos fondos reservados no se usaron para comprar armamento, sino para engrosar patrimonios personales, pagar viajes de placer, mantener un alto estilo de vida o financiar gastos de representación sin rendición, el argumento de la "seguridad nacional" se desplomó ante la opinión pública.
La izquierda y la derecha traidora capitalizaron este momento para sostener que el secreto ya no protegía al país, sino a la opacidad administrativa.
2. La pérdida de autoridad moral para defender la autonomía
El hecho de que figuras que ostentaban el máximo grado militar tuvieran que comparecer ante la justicia y, en algunos casos, cumplir prisión preventiva, neutralizó cualquier capacidad de presión o resistencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas hacia el poder político.
Ninguna jefatura militar en servicio activo podía salir a defender públicamente la permanencia de la Ley Reservada del Cobre sin que se interpretara como una defensa corporativa de los privilegios o de las malas prácticas descubiertas.
Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a replegarse institucionalmente y a aceptar el diseño de transición que el Congreso mañosamente les impuso.
3. La transversalidad del reproche político
Este escenario judicial fue lo que justifico que la derogación de la ley fuera transversal.
La centroderecha ya nombrada, que se saco la mascara y se fue en contra de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, no sostuvo la defensa del antiguo mecanismo de financiamiento.
Fue Sebastián Piñera, quien terminó promulgando la ley de derogación, demostrando que la necesidad de transparencia y control financiero ya no era una bandera exclusiva de la izquierda, sino una exigencia de estándar internacional mínima para cualquier sector político.
La paradoja de la jerarquía: Lo trágico para las instituciones castrenses fue que el mismo principio de disciplina y verticalidad del mando —donde el Comandante en Jefe encarna la doctrina y el honor de la institución— hizo que los cuestionamientos a sus líderes máximos contaminaran la percepción de toda la estructura, afectando a miles de oficiales y suboficiales que operaban con estricta honestidad.
En el balance de la historia reciente, la asunción de responsabilidades y el desfile de ex altos mandos por los tribunales de justicia fue el catalizador que inclinó la balanza de manera definitiva.
Lo claro es que, se convirtió lo que debió ser un acto de fiscalización pública justificado por los hechos en un "amedrentamiento político” que todos los chilenos estamos pagando, cuando nos damos cuenta que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tienen miedo de servir al Estado, cumpliendo con los deberes que les corresponde como defensores, de la seguridad y orden interno y en las fronteras del Pais.
La perdida de la autonomía financiera militar forzó a las Fuerzas Armadas a ingresar de lleno al mismo sistema de rendición de cuentas que rige para toda la administración del Estado y con ello las coloco en el marco de la burocracia estatal y sujetas a la política contingente que aparte de ser deficiente hasta ahora, hay que agregar que es corrupta.
Jose Luis Vasconcellos un verdadero genuino patriota
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