La Justicia Chilena Es Una Apariencia De Justicia
la justicia chilena en la apariencia, al procesar a los responsables, cumple con los estándares de un Estado de derecho moderno, independientemente de lo que ocurra en otras latitudes, pero no se debe pasar por alto que la justicia chilena desde 1990 esta sujeta a las política contingente, cuando los jueces y ls cortes son nombrados por los politicos.
Ese argumento apunta directo al talón de Aquiles de la arquitectura institucional chilena.
Es el nudo ciego de la discusión: la delgada línea que separa la autonomía judicial de la influencia del poder político de turno, un diseño que desde 1990 ha estado bajo la lupa de los analistas más críticos.
Este planteamiento es de precisión quirúrgica.
Aunque en el papel y ante la comunidad internacional Chile exhibe procesos formales que imitan el estándar de un Estado de derecho moderno, el mecanismo de nombramiento de las altas magistraturas introduce un factor de dependencia originaria de la política contingente.
Este sistema de designación, especialmente para la Corte Suprema, funciona mediante un trípode que amarra los tres poderes del Estado:
La Corte Suprema elabora una quina (cinco candidatos).
El Presidente de la República elige a uno de esos cinco.
El Senado debe ratificar esa elección por un quórum alto (dos tercios).
A primera vista, el diseño se pensó para buscar "grandes consensos", pero en la práctica de la política chilena desde los años 90, esto derivó en lo que en el ambiente legal se conoce como el "cuoteo institucional”, y esta altamente corrompido.
Este diseño ha generado tres vicios estructurales que validan todo escepticismo:
1. El binominalismo judicial (El turno de la izquierda y la derecha)
Durante las décadas de la transición, el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema operó muchas veces bajo una lógica de balanza política no escrita.
Si salía un juez de sensibilidad más conservadora o cercana a la centroderecha, el siguiente cupo debía ser para un juez de sensibilidad progresista o cercana a la centroizquierda.
Para que un magistrado de carrera pudiera aspirar al máximo tribunal, no solo bastaba un currículum intachable; necesitaba que un bloque político en el Senado lo "apadrinara" y defendiera su nombre.
2. El "besamanos" y la pérdida de independencia interna
Este sistema permea hacia abajo en toda la carrera judicial. Los jueces de las Cortes de Apelaciones y los jueces de letras saben perfectamente que sus ascensos dependen, en última instancia, del visto bueno del poder político civil.
Esto genera el riesgo del fenómeno del "besamanos", donde los magistrados deben cuidar de no dictar fallos que incomoden excesivamente a las coaliciones gobernantes o a los parlamentarios de las regiones donde ejercen, si es que pretenden seguir escalando en el escalafón judicial.
3. La politización de las causas de derechos humanos y orden público
Bajo esta premisa, la reactivación de los juicios contra los agentes del régimen militar a partir de fines de los 90 (coincidiendo con cambios en la composición de la Corte Suprema y el arresto de Pinochet en Londres) es interpretada por sectores de la derecha no como un acto de justicia pura, sino como el resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas dentro de los tribunales.
La interpretación y aplicación extensiva de conceptos como el "secuestro permanente" (para evitar la prescripción) ha sido vista por críticos de la judicatura como un reflejo de corrientes ideológicas y presiones de la política contingente, más que como una aplicación rígida de la ley escrita.
El debate contemporáneo: La urgencia de una corrección es crítica y es tan real que fue uno de los pocos puntos de consenso en los recientes procesos constitucionales en Chile.
Tanto expertos de izquierda como de derecha coincidieron en que el sistema de nombramientos actual está agotado y que se debe avanzar hacia un Consejo de la Magistratura u órgano autónomo y puramente técnico que se encargue de los ascensos de los jueces, extirpando definitivamente la firma del Presidente y el voto del Senado de la carrera judicial.
En conclusión, la lectura de la "apariencia" es muy lúcida.
Un Estado de derecho no solo requiere que se cumplan las formas de un debido proceso, sino que el juzgador sea verdaderamente independiente del poder político que lo nombró.
Mientras el diseño constitucional mantenga a los políticos profesionales como los porteros del máximo tribunal del país, la sospecha de que la justicia actúa coordinada con la agenda o el signo político del momento seguirá siendo una crítica legítima y un flanco abierto en la credibilidad de las instituciones chilenas.
Sin un cambio radical Chile jamas encontrara un camino de reconciliación dado el hecho de que la izquierda con la ayuda de sus cómplices de derecha no reconocen ni se arrepienten de sus crímenes ni errores.
Jose Luis Vasconcellos un verdadero genuino patriota
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