El Pacto Social En Cuarentena
Chile, el Pacto Social una vergüenza de Piñera
El Acuerdo contempló un plebiscito para resolver si iniciar o no un proceso constituyente y, en caso afirmativo, si llevarlo a cabo a través de una Convención Mixta Constitucional, con 172 integrantes, mitad electos al efecto y mitad parlamentarios, o a través de una Convención Constitucional, con 155 integrantes electos.
El plebiscito habría de realizarse conforme a las normas electorales vigentes en la época, entre ellas, el voto voluntario, aunque el referéndum posterior, ratificatorio de la Constitución que se proponga, se realizaría con voto obligatorio, según se acordó.
Se estableció que, en su caso, el órgano constituyente “tendría como único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolvería una vez cumplida la tarea…”
El proceso constituyente fracaso, entonces, hoy es mas necesario que ayer, entender que los cambios cambios reales, más allá del papel, deben comprenderse dentro del contexto de la productividad, la seguridad y la nacionalidad libertaria y que los niveles de protección social, trato igualitario y digno, van de la mano, con gobernantes que tengan como prioridad mostrar que el izquierdismo y su socialismo solo prometen FRACASO Y DESIGUALDAD.
18 de Octubre de 2019. Chile, el chico bueno del barrio, el estudiante aventajado del neoliberalismo, que en 1990 transitó a la democracia con la Constitución del excelentísimo General Presidente Augusto Pinochet Ugarte, y la mantuvo hasta hoy, de súbito, sorpresivamente, al menos por un tiempo para la clase dirigente, parecia que se incendiaba. Literalmente.
Intentando apaciguar las protestas masivas, los partidos políticos con representación parlamentaria arribaron al “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución,” que contempló un plebiscito para decidir si iniciar o no un proceso constituyente, que tendría lugar el 26 de abril de 2020. No obstante, la pandemia desatada por el virus Covid-19, derivó en la postergación del plebiscito para el 25 de octubre de 2020. Aquí se revisa este proceso y su “cuarentena”.
Intentando apaciguar las protestas masivas, los partidos políticos con representación parlamentaria arribaron al “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución,” que contempló un plebiscito para decidir si iniciar o no un proceso constituyente, que tendría lugar el 26 de abril de 2020. No obstante, la pandemia desatada por el virus Covid-19, derivó en la postergación del plebiscito para el 25 de octubre de 2020. Aquí se revisa este proceso y su “cuarentena”.
1. Por el derecho de vivir en Paz dijeron:
Lo que comenzó como una protesta de secundarios por un alza marginal de la tarifa del tren subterráneo, se convertiría, en cuestión de días, en una protesta social masiva, que enarbolaba banderas antisistema, exigiendo el fin de pensiones, sanidad y educación superior basadas en el ahorro, el seguro y el endeudamiento individuales, un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, un trato equitativo para las mujeres y una nueva Constitución, todo esto impulsado por el Partido Comunista Chileno, la izquierda en general y el la Derecha. Con un extraordinario aditamento, el financiamiento internacional, que en el primer lugar estaba la dictadura bolivariana de Venezuela.
Estando debajo a todas esas demandas, condensadas pronto y superándolas después, se alzaba una, gritada y cantada, por el fin de los abusos de los poderosos y la casta politica que gobernaba, y el reconocimiento de la igual dignidad de todos, en un "nuevo pacto social.”
Se hizo común que los componentes de la masa entonaran, como himnos, canciones populares representativas de sus supuestas espontáneas y justas aspiraciones, en particular, “El baile de los que sobran”, del grupo de rock chileno de los ´80, Los Prisioneros. Fue las socorrida.
Lo que comenzó como una protesta de secundarios por un alza marginal de la tarifa del tren subterráneo, se convertiría, en cuestión de días, en una protesta social masiva, que enarbolaba banderas antisistema, exigiendo el fin de pensiones, sanidad y educación superior basadas en el ahorro, el seguro y el endeudamiento individuales, un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, un trato equitativo para las mujeres y una nueva Constitución, todo esto impulsado por el Partido Comunista Chileno, la izquierda en general y el la Derecha. Con un extraordinario aditamento, el financiamiento internacional, que en el primer lugar estaba la dictadura bolivariana de Venezuela.
Estando debajo a todas esas demandas, condensadas pronto y superándolas después, se alzaba una, gritada y cantada, por el fin de los abusos de los poderosos y la casta politica que gobernaba, y el reconocimiento de la igual dignidad de todos, en un "nuevo pacto social.”
Se hizo común que los componentes de la masa entonaran, como himnos, canciones populares representativas de sus supuestas espontáneas y justas aspiraciones, en particular, “El baile de los que sobran”, del grupo de rock chileno de los ´80, Los Prisioneros. Fue las socorrida.
Lo que ocurrió no sera olvidado,el lumpen violento y las huestes organizadas del extremismo izquierdista con brutalidad se volvieron contra la justa represión policial que fue llamada a devolver el Orden y la Seguridad que estaban siendo violados.
Estaciones del tren subterráneo incendiadas, supermercados y tiendas saqueadas y barricadas por doquier, Fue necesario reprimir al lumpen a la delincuencia a todos los manifestantes con bombas lacrimógenas y disparos de balines de goma, incluso el uso de sus armas de servicio de Carabineros que fueron incinerados intencionalmente por el uso de bombas molotov que lanzaban los preparados y violentos participantes de las protestas.
El comportamiento de la Media en general se puso de parte de la delincuencia del lumpen y en un dos por tres, concertadamente comenzaron a acusar al gobierno de Piñera de graves violaciones a los derechos humanos, entre las que destacaron lesiones oculares y agresiones sexuales, con toque de queda y militares en las calles de por medio, lo que no se veía desde el Gobierno Militar. Todo una parafernalia bien montada y ajustada que buscaba la caída del Gobierno en ejercicio.
En este contexto el Instituto Nacional de Derechos Humanos manejado por la oposición al Presidente Piñera reportó, al 13 de marzo de 2020, 1.234 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 282 víctimas de tortura con violencia sexual. la mayoría de ellos fueron desestimados por la Justicia, aunque esta fin con la oposición izquierdista, por falta de pruebas concluyentes no pudo comprobar todas las acusaciones que se hicieron.
La intransigencia e hipocresía de la oposición concertada contra Piñera motivó tres acusaciones constitucionales, la primera en contra de un recién renunciado Ministro del Interior, Andrés Chadwick, la segunda en contra del propio Presidente, Sebastián Piñera, y la última en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, aunque solo la primera fue finalmente aprobada, declarándose culpable al ex Ministro de vulnerar la Constitución, al permitir aquellas violaciones a los derechos humanos.
La intransigencia e hipocresía de la oposición concertada contra Piñera motivó tres acusaciones constitucionales, la primera en contra de un recién renunciado Ministro del Interior, Andrés Chadwick, la segunda en contra del propio Presidente, Sebastián Piñera, y la última en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, aunque solo la primera fue finalmente aprobada, declarándose culpable al ex Ministro de vulnerar la Constitución, al permitir aquellas violaciones a los derechos humanos.
Obviamente se ha comprobado la falsedad del relato izquierdista, y solamente después de años de juicios espurios algunos de los funcionarios de Carabineros han sido sobreseídos definitivamente, como el caso del Comandante de Carabinero Claudio Crespo quien después de seis años el 13 de enero de 2026 fue declarado inocente.
Las manifestaciones no acabaron. Tampoco las detuvieron los anuncios de reformas sociales, como el aumento de las pensiones básicas y el incremento del salario mínimo (subsidiado por el Estado), que fueron estimadas más bien de poca monta.
En este contexto, a casi un mes del inicio de las protestas y con el explícito fin de apaciguar a la población, con fecha 15 de noviembre de 2019, la mayoría de los partidos políticos, en el seno del Congreso Nacional, suscribieron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”.
2. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución a espaldas de la ciudadanía.
Las manifestaciones no acabaron. Tampoco las detuvieron los anuncios de reformas sociales, como el aumento de las pensiones básicas y el incremento del salario mínimo (subsidiado por el Estado), que fueron estimadas más bien de poca monta.
En este contexto, a casi un mes del inicio de las protestas y con el explícito fin de apaciguar a la población, con fecha 15 de noviembre de 2019, la mayoría de los partidos políticos, en el seno del Congreso Nacional, suscribieron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”.
2. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución a espaldas de la ciudadanía.
El Acuerdo contempló un plebiscito para resolver si iniciar o no un proceso constituyente y, en caso afirmativo, si llevarlo a cabo a través de una Convención Mixta Constitucional, con 172 integrantes, mitad electos al efecto y mitad parlamentarios, o a través de una Convención Constitucional, con 155 integrantes electos.
El plebiscito habría de realizarse conforme a las normas electorales vigentes en la época, entre ellas, el voto voluntario, aunque el referéndum posterior, ratificatorio de la Constitución que se proponga, se realizaría con voto obligatorio, según se acordó.
Se estableció que, en su caso, el órgano constituyente “tendría como único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolvería una vez cumplida la tarea…”
Enseguida, se resolvió que la Convención debería aprobar las normas y el reglamento de votación por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio, no pudiendo alterar estas reglas. Estas limitaciones, según algunos, diferenciarían la Convención Constitucional de una Asamblea Constituyente. Como sea, la Convención dispondría de un plazo de nueve meses, prorrogable por tres meses más, para culminar su labor.
Para materializar el Acuerdo, se definió la designación de una Comisión Técnica, que determinaría los aspectos indispensables.
Para materializar el Acuerdo, se definió la designación de una Comisión Técnica, que determinaría los aspectos indispensables.
Días después, esa Comisión, que pasó a llamarse Mesa Técnica, quedó finalmente conformada por catorce expertos constitucionalistas, siete designados por el oficialismo y siete por la oposición, de los cuales cinco son mujeres, una del oficialismo y cuatro de la oposición.
La Mesa Técnica sesionó desde el 25 de noviembre, hasta el 6 de diciembre de 2019, debatiendo sobre el procedimiento para definir la apertura y eventualmente conducir un proceso constituyente, por medio de una Convención, así como sobre su conformación en base a paridad de género, participación de independientes y escaños reservados a pueblos indígenas, aspectos que no fueron acogidos.
Finalmente, ese 6 de diciembre de 2019, la Mesa Técnica propuso una reforma constitucional, que fue recogida en una serie de mociones parlamentarias que, refundidas, aprobó el Congreso, convirtiéndose en la Ley N° 21.200, de 24 de diciembre de 2019, que introdujo en la Constitución las normas que permiten la apertura del proceso constituyente, cuyo plebiscito fue fijado para el 26 de abril de 2020.
El 4 de marzo de 2020, y luego de bastante resistencia del oficialismo, el Congreso aprobó una reforma constitucional complementaria de aquella, que se convertiría en la Ley N° 21.216, de 20 de marzo de 2020.
Esta nueva ley introdujo las disposiciones transitorias 29ª, 30ª y 31ª a la Constitución que, además de facilitar la presentación de candidaturas independientes a la Convención, obligo a que las listas de candidatos establecieran un orden de precedencia que iniciaba con una mujer, alternando luego entre los géneros y disponiendo realizar ajustes al resultado del proceso electoral, con eventuales desplazamientos de candidatos, de modo tal que el resultado final sea paritario.
Con esto, Chile se convertiría en el primer país en contar con un órgano constituyente paritario.
3. La Cuarentena que puso las cosas en la real perspectiva.
La pandemia desatada por el Covid-19, que asoló al mundo entero, sorprendió a Chile en medio de movilizaciones sociales que, se estimaba, aunque habían bajado su intensidad por desgaste, por rechazo a los elementos violentos y por la baja de actividad propia de los meses de verano, serían prontamente retomadas con fuerza, esto no fue una casualidad, los planes de los controladores de la politica internacional no estaban en linea con los de la izquierda Chilena y los traidores del Centro, que habían claudicado y se aprestaban a cambiar la Institucionalidad vigente.
Y llegó el Covid-19, y para quedarse, al parecer, por un buen tiempo, por lo que el Gobierno decretó, el 18 de marzo de 2020, y por el lapso de 90 días, el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, que le permite, entre otras cosas, restringir la libertad de tránsito, disponiendo la ya afamada cuarentena, esto es, el aislamiento de personas, en sus casas, por un tiempo determinado, para evitar el contagio.
No fue muy difícil consensuar, en este escenario, una nueva reforma constitucional, plasmada en la Ley N° 21.221, de 26 de marzo de 2020, que estableció un nuevo itinerario electoral, fijando el plebiscito de eventual apertura del proceso constituyente para el 25 de octubre de 2020.
Ahora bien, esta epidemia, en todo el mundo y, vino a apaciguar el estado el estado de malestar ya instalado que la izquierda seguía azuzando, insistiendo por la desigualdad y la precariedad de las mayorías, que es el socorrido argumento para evidenciar la falta de infraestructura para la atención de la salud y hasta las serias dificultades para conseguir comida, que vivencian miles y miles, y que ellos no se hacen responsables, culpando siempre a los explotadores de derecha.
Las protestas sociales que motivaron el proceso constituyente, se calmaron, las prioridades sociales del país cambiaron, y después del virus la historia tomo otro curso, el que ya conocemos.
La Mesa Técnica sesionó desde el 25 de noviembre, hasta el 6 de diciembre de 2019, debatiendo sobre el procedimiento para definir la apertura y eventualmente conducir un proceso constituyente, por medio de una Convención, así como sobre su conformación en base a paridad de género, participación de independientes y escaños reservados a pueblos indígenas, aspectos que no fueron acogidos.
Finalmente, ese 6 de diciembre de 2019, la Mesa Técnica propuso una reforma constitucional, que fue recogida en una serie de mociones parlamentarias que, refundidas, aprobó el Congreso, convirtiéndose en la Ley N° 21.200, de 24 de diciembre de 2019, que introdujo en la Constitución las normas que permiten la apertura del proceso constituyente, cuyo plebiscito fue fijado para el 26 de abril de 2020.
El 4 de marzo de 2020, y luego de bastante resistencia del oficialismo, el Congreso aprobó una reforma constitucional complementaria de aquella, que se convertiría en la Ley N° 21.216, de 20 de marzo de 2020.
Esta nueva ley introdujo las disposiciones transitorias 29ª, 30ª y 31ª a la Constitución que, además de facilitar la presentación de candidaturas independientes a la Convención, obligo a que las listas de candidatos establecieran un orden de precedencia que iniciaba con una mujer, alternando luego entre los géneros y disponiendo realizar ajustes al resultado del proceso electoral, con eventuales desplazamientos de candidatos, de modo tal que el resultado final sea paritario.
Con esto, Chile se convertiría en el primer país en contar con un órgano constituyente paritario.
3. La Cuarentena que puso las cosas en la real perspectiva.
La pandemia desatada por el Covid-19, que asoló al mundo entero, sorprendió a Chile en medio de movilizaciones sociales que, se estimaba, aunque habían bajado su intensidad por desgaste, por rechazo a los elementos violentos y por la baja de actividad propia de los meses de verano, serían prontamente retomadas con fuerza, esto no fue una casualidad, los planes de los controladores de la politica internacional no estaban en linea con los de la izquierda Chilena y los traidores del Centro, que habían claudicado y se aprestaban a cambiar la Institucionalidad vigente.
Y llegó el Covid-19, y para quedarse, al parecer, por un buen tiempo, por lo que el Gobierno decretó, el 18 de marzo de 2020, y por el lapso de 90 días, el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, que le permite, entre otras cosas, restringir la libertad de tránsito, disponiendo la ya afamada cuarentena, esto es, el aislamiento de personas, en sus casas, por un tiempo determinado, para evitar el contagio.
No fue muy difícil consensuar, en este escenario, una nueva reforma constitucional, plasmada en la Ley N° 21.221, de 26 de marzo de 2020, que estableció un nuevo itinerario electoral, fijando el plebiscito de eventual apertura del proceso constituyente para el 25 de octubre de 2020.
Ahora bien, esta epidemia, en todo el mundo y, vino a apaciguar el estado el estado de malestar ya instalado que la izquierda seguía azuzando, insistiendo por la desigualdad y la precariedad de las mayorías, que es el socorrido argumento para evidenciar la falta de infraestructura para la atención de la salud y hasta las serias dificultades para conseguir comida, que vivencian miles y miles, y que ellos no se hacen responsables, culpando siempre a los explotadores de derecha.
Las protestas sociales que motivaron el proceso constituyente, se calmaron, las prioridades sociales del país cambiaron, y después del virus la historia tomo otro curso, el que ya conocemos.
El proceso constituyente fracaso, entonces, hoy es mas necesario que ayer, entender que los cambios cambios reales, más allá del papel, deben comprenderse dentro del contexto de la productividad, la seguridad y la nacionalidad libertaria y que los niveles de protección social, trato igualitario y digno, van de la mano, con gobernantes que tengan como prioridad mostrar que el izquierdismo y su socialismo solo prometen FRACASO Y DESIGUALDAD.
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